Soberanía digital: entendida como la capacidad de ejercer un mayor control sobre el entorno digital y reducir determinadas dependencias de tecnologías, proveedores o marcos normativos externos. Un concepto que ha ido ganando relevancia a medida que la tecnología ocupa un espacio cada vez mayor en nuestra actividad y que, además, está estrechamente relacionado con otras dimensiones de la soberanía de un país: la jurídica, la operativa, la tecnológica y también la vinculada al conocimiento.
Es decir, hablar de soberanía digital no consiste únicamente en preguntarse dónde están físicamente almacenados los datos. También implica conocer bajo qué legislación se encuentran, qué compañías proporcionan la tecnología necesaria para procesarlos, quién puede tener capacidad para acceder a ellos o hasta qué punto una organización depende de una determinada solución tecnológica para continuar desarrollando su actividad. En definitiva, la soberanía digital tiene que ver, sobre todo, con conservar capacidad de decisión.
Esta cuestión adquiere todavía más relevancia en un contexto en el que buena parte de la actividad económica y social se apoya en la tecnología. Administraciones públicas, hospitales, entidades financieras, industrias o compañías energéticas necesitan infraestructuras digitales para desarrollar gran parte de su actividad diaria. Por eso, la soberanía digital mantiene una relación directa con otras dimensiones: la jurídica, porque la ubicación y el tratamiento de la información determinan los marcos normativos que resultan de aplicación; la tecnológica, porque una elevada dependencia de soluciones desarrolladas o controladas desde terceros países puede condicionar el margen de actuación de organizaciones e instituciones; la operativa, porque determinadas dependencias externas pueden adquirir especial relevancia ante cambios geopolíticos, comerciales o tecnológicos; y también la del conocimiento, puesto que desarrollar capacidades propias contribuye a mantener dentro del territorio profesionales y experiencia especializados en la operación, el mantenimiento y la evolución de estas tecnologías.
No se trata, por tanto, de construir un ecosistema completamente aislado si no de conocer las dependencias existentes y valorar hasta qué punto pueden condicionar la capacidad de decisión de empresas y administraciones. Al fin y al cabo, una dependencia tecnológica puede tener un impacto limitado mientras las condiciones permanecen estables, pero adquirir una dimensión diferente cuando un proveedor modifica sus condiciones, aparece una restricción comercial, cambia el contexto internacional o entran en juego marcos regulatorios diferentes.
De esta forma, contar con infraestructuras digitales como las de Kumo Networks ubicadas dentro del territorio, con profesionales especializados y proveedores sujetos a legislación española y europea puede contribuir a reducir determinadas dependencias y favorecer un mayor control sobre los datos y los servicios que los soportan.
