Cuando una empresa decide dónde almacenar sus datos, normalmente tiene en cuenta factores como el precio, la capacidad de almacenamiento, la disponibilidad o las medidas de seguridad que ofrece el proveedor tecnológico. En esta elección también intervienen otras cuestiones relacionadas con el control de la información, la gestión de la infraestructura y las alternativas de las que dispone una organización para continuar desarrollando su actividad ante determinadas circunstancias operativas.
Estas cuestiones están relacionadas con la soberanía digital, un concepto que ha ido adquiriendo relevancia a medida que las infraestructuras tecnológicas forman parte de numerosos procesos económicos y sociales. Administraciones públicas, entidades financieras, hospitales, industrias o compañías energéticas utilizan sistemas digitales para almacenar, procesar y transmitir grandes cantidades de información durante el desarrollo de su actividad diaria. Por eso, la soberanía digital no se limita únicamente a conocer dónde están alojados los datos, sino que también está relacionada con el grado de control que una organización mantiene sobre la tecnología que permite utilizarlos.
En este sentido, la soberanía digital puede abordarse, tanto desde una perspectiva jurídica y contractual, como desde las decisiones técnicas que intervienen en el diseño de una infraestructura. En el caso de los servicios cloud, por ejemplo, la ubicación física de los servidores constituye uno de los aspectos que pueden tenerse en cuenta, junto con el modelo de operación de los sistemas, los proveedores de conectividad o los mecanismos disponibles para la continuidad y recuperación de los servicios.
La ubicación geográfica es, por tanto, uno de los elementos que forman parte de este planteamiento. Alojar información en España permite disponer de infraestructuras situadas dentro del territorio nacional, aunque el marco jurídico aplicable al tratamiento de los datos también depende de otros factores, como la naturaleza del proveedor, los servicios contratados o las entidades que intervienen en su gestión. De ahí que resulte relevante conocer quién opera la infraestructura, quién administra los sistemas y en qué condiciones se gestiona el acceso a la información.
Por eso, una arquitectura orientada a la soberanía digital puede contemplar diferentes dimensiones: el marco jurídico aplicable al tratamiento de los datos, el control operativo sobre la infraestructura, la diversidad de los proveedores de comunicaciones, la redundancia de los sistemas y los mecanismos de continuidad y recuperación. Todos estos elementos forman parte de las decisiones técnicas y organizativas que intervienen en la gestión de los servicios digitales y permiten analizar el grado de dependencia de una organización respecto a determinadas tecnologías o proveedores.
En un entorno global e interconectado, en el que las organizaciones utilizan tecnologías, aplicaciones y servicios desarrollados en diferentes países, la soberanía digital también está relacionada con el conocimiento y la gestión de las dependencias existentes entre estos elementos. De esta forma, las decisiones sobre la ubicación de los datos, la conectividad, la operación y la recuperación de los sistemas forman parte de un mismo planteamiento arquitectónico.
En definitiva, la soberanía digital no comienza únicamente cuando una organización decide dónde almacenar su información, sino que también está presente en las decisiones de diseño y operación de la infraestructura tecnológica que permite gestionarla.
