Cada vez que un ciudadano solicita una ayuda pública, pide una cita médica, consulta un expediente administrativo o realiza un trámite tributario, está depositando una enorme cantidad de información sensible en manos de las administraciones públicas. Por eso, cuando se habla de ciberseguridad en el ámbito público se está hablando de la protección de millones de ciudadanos y de la continuidad de servicios esenciales. De esta forma, un fallo de seguridad o un ciberataque no solo puede comprometer información confidencial, sino también paralizar parcialmente -o incluso por completo- servicios fundamentales para el día a día de cualquier territorio.
No se trata de una hipótesis lejana. En los últimos años, numerosos organismos públicos y entidades estratégicas españolas han sufrido ataques ransomware que han llegado a bloquear servicios esenciales y a comprometer datos sensibles de miles de ciudadanos.
La realidad es que los ciberataques contra administraciones públicas y empresas no dejan de aumentar tanto en frecuencia como en sofisticación. Ransomware, phishing, ataques dirigidos contra infraestructuras críticas o intentos de robo masivo de información forman ya parte de un escenario permanente de amenaza digital. Por ello, invertir en ciberprotección ha dejado de ser una cuestión tecnológica para convertirse en una necesidad estratégica. Entre otras cuestiones porque la confianza de los ciudadanos en las instituciones depende, en gran medida, de la fiabilidad y seguridad de sus sistemas digitales. Basta con que se produzcan filtraciones, caídas recurrentes o interrupciones del servicio para que esa percepción de seguridad se deteriore rápidamente.
La disponibilidad de los datos en Kumo
Proteger los datos supone garantizar bajo qué legislación se almacenan y quién puede acceder a ellos. En otras palabras: la ciberseguridad también es una cuestión de soberanía digital. Precisamente por ello, Europa lleva años impulsando iniciativas ligadas al concepto de ‘cloud soberano’, promoviendo infraestructuras cloud seguras y sometidas a legislación europea. Porque los datos de ciudadanos, administraciones y organismos públicos no deberían quedar expuestos a posibles injerencias externas ni a normativas de terceros países que permitan el acceso a información sensible fuera del marco regulatorio europeo.
En este contexto, contar con un partner tecnológico seguro ya no es una opción, sino una necesidad estratégica para cualquier administración pública. Kumo entiende que la protección de la información crítica va mucho más allá del simple alojamiento de datos. Por ello, trabaja bajo una filosofía orientada a infraestructuras críticas, donde la redundancia, la monitorización constante, la resiliencia y la capacidad de recuperación ante incidentes forman parte del núcleo de su actividad. Asimismo, el hecho de que sus centros de datos estén ubicados en territorio nacional y bajo legislación europea supone una garantía adicional para administraciones y organismos públicos. De esta forma, los datos permanecen protegidos bajo estándares europeos, reforzando tanto la seguridad como la soberanía digital.
Puede que la ciberseguridad pase desapercibida cuando todo funciona correctamente. Sin embargo, basta con que se produzca una emergencia para comprender hasta qué punto esos sistemas eran imprescindibles. Y precisamente ahí reside la verdadera importancia de invertir en ciberprotección: no solo en evitar ataques, sino en garantizar que la sociedad siga funcionando.
